¡Hasta 25 años de prisión para quienes recluten personas para el crimen organizado!
Con unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que tipifica como delito el reclutamiento para actividades criminales y establece penas de prisión para quienes incorporen personas a grupos delictivos, con la intención de cerrar vacíos legales y fortalecer la protección a las víctimas. El dictamen fue respaldado con 419 votos a favor y modifica […]

“Con unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que tipifica como delito el reclutamiento para actividades criminales y establece penas de prisión para quienes incorporen personas a grupos delictivos, con la…”
Con unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que tipifica como delito el reclutamiento para actividades criminales y establece penas de prisión para quienes incorporen personas a grupos delictivos, con la intención de cerrar vacíos legales y fortalecer la protección a las víctimas.
El dictamen fue respaldado con 419 votos a favor y modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el propósito de sancionar a quienes capten, induzcan o recluten individuos para que formen parte de organizaciones criminales o participen en actos ilícitos.
Según la reforma, los responsables de este delito enfrentarán penas de prisión de 10 a 20 años, además de multas que van desde 5 mil hasta 50 mil días. Si el reclutamiento se realiza mediante amenazas, intimidación, coacción, violencia física o moral, o abuso de autoridad, las sanciones se incrementarán a 15 a 25 años de cárcel, con multas entre 10 mil y 80 mil días.
Un aspecto fundamental determina que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se considerará forzado, sin importar las circunstancias en las que hayan sido captados, buscando así reforzar la protección de los menores frente a las redes criminales.
La reforma también establece que las autoridades podrán investigar estos hechos de oficio, sin necesidad de que las víctimas presenten una denuncia, debido a que muchas personas reclutadas permanecen bajo amenazas, intimidación o control por parte de sus agresores.
Durante el debate, legisladores de diversos partidos coincidieron en la importancia de combatir el reclutamiento mediante engaños, falsas ofertas laborales y amenazas, especialmente a través de redes sociales y otros medios de comunicación.
Una vez aprobada en San Lázaro, la minuta fue remitida al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo, por lo que aún falta completar el trámite correspondiente antes de que estas disposiciones entren en vigor.
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